La Guía definitiva sobre traducción jurídica

En un mundo en el que una “coma” mal puesta puede significar que una demanda prospere o no, es entendible que la traducción jurídica deba ser considerada como una de las áreas más importantes de la traducción.

Con esta guía lo que intentamos es, a través de cuatro sencillas preguntas, dejar claro en qué consiste la traducción jurídica y cómo contratarla. Esperamos que os sea de utilidad.

1 ¿Qué es la traducción jurídica?

Lo primero es entender el ámbito de aplicación de la traducción jurídica. La traducción jurídica consiste en la traducción de documentos de carácter legal, tanto públicos como privados. ¿A qué documentos nos referimos? Estos son algunos de ellos:

  • Contratos de compraventa y financieros.
  • Poderes notariales y escrituras.
  • Actas de constitución de una sociedad.
  • Documentación laboral.
  • Testamentos y fideicomisos.
  • Pólizas de seguro, informes periciales.
  • Documentos relativos a propiedad intelectual o industrial.
  • Normativas y legislación extranjera.
  • Decisiones judiciales.
  • Documentos de litigio, declaraciones de testigos.
  • Procedimientos arbitrales.
  • Escrituras y estatutos sociales.
  • Expedientes académicos, DNIs y pasaportes, certificados de nacimiento, antecedentes penales y todo tipo de documentación privada de particulares.

Es decir, como se puede ver en el listado, se aplica a textos legales o financieros que suponen la creación de derechos u obligaciones para una determinada Parte.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que en múltiples ocasiones, los acuerdos se redactan para una sola jurisdicción y en una sola lengua, siendo las demás versiones traducidas meramente orientativas. Por otro lado, casos como los tratados internacionales entre países, las versiones oficiales son multilingües y, a pesar de cierta tendencia hacia la homogeneización de términos y conceptos, puede haber problemas de interpretación a la hora de intentar resolver disputas.

2 ¿Por qué no puede hacerla cualquier traductor?

Como se intuye de lo anterior, el tipo de documentos al que se enfrenta un traductor jurídico son particularmente complejos. Al fin y al cabo, se trata de documentos altamente técnicos redactados por profesionales del Derecho, plagados de conceptos jurídicos que resultan extraños para gran parte del público en general y, por supuesto para los traductores que no estén especializados en esta materia.

Tened en cuenta que, si en las traducciones comunes cualquier cambio o matiz de la redacción o mal uso de algún concepto puede hacer que la interpretación del mensaje sea completamente distinta, en las traducciones jurídicas estos errores derivan en consecuencias legales para las partes implicadas.

Como conclusión y, respondiendo a la pregunta, no vale cualquier traductor. Lo ideal es que sea o bien un traductor con conocimientos legales o bien un abogado con conocimientos lingüísticos.

3 ¿Basta con “traducir” el texto jurídico?

En la mayor parte de las ocasiones no. De hecho, desde cierto punto de vista, la ley es un campo donde los textos, por definición, no se pueden traducir: cada sistema de leyes es único y propio del país.

La mayoría de los textos legales tratan de establecer claramente los derechos y deberes de las personas. Es imprescindible asegurar la correspondencia precisa de estos derechos y deberes en el texto original y en la traducción y por eso no vale solo con “traducir palabra por palabra”.

Más aún, como ya hemos dicho, la validez de un texto jurídico va más allá y debería integrarse en el marco legal del país. En este sentido, puede ser necesario que el traductor o su equipo hagan una labor previa de investigación en derecho comparado que garantice que el texto final tiene los efectos legales deseados en el país de destino. Es por esto que existen traductores jurídicos especializados en determinadas áreas del Derecho para poder garantizar un trabajo de calidad en materias tan complejas.

4 ¿Cómo puedo contratar a un traductor jurídico profesional?

Gran parte de la traducción jurídica en España es “traducción jurada” que sólo puede ser realizada por traductores jurados (encargados de firmar, certificar y sellar el documento).

Las agencias de traducción suelen contar con expertos en traducción jurídica e incluso los bufetes de abogados suelen tener acuerdos con agencias de traducción para realizar estas tareas. Es decir, encontrarlos no debería ser complejo.

El quid de la cuestión a la hora de contratar a un traductor jurídico es evaluar si el trabajo que realizarán se ajustará a la calidad esperada. Como siempre, lo mejor es pedir referencias y comprobar que el traductor ha realizado trabajos en el campo del derecho y, siempre, valorarle en función de la complejidad de los documentos para el cual lo necesitamos. Recordad que no es lo mismo la complejidad de un contrato de alquiler de un inmueble al uso que el de compra-venta de una corporación.

Esperamos que esta guía os sea de utilidad y, por supuesto, contad con Aire Traducciones para cualquier necesidad o consulta en el mundo de la traducción.

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